En medio del escándalo por la relación con el empresario Fred Machado, investigado en Estados Unidos por supuesta relación con el narcotráfico, José Luis Espert renunció a su candidatura a diputado por La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires para las elecciones del 26 de octubre. El anuncio lo hizo hoy a través de su cuenta de X
Tras confirmarse el vínculo con Machado -de quien recibió al menos 200.000 dólares- el diputado José Luis Espert anunció su renuncia a través de sus redes sociales: “Por la Argentina, doy un paso al costado” “En estas elecciones la Argentina tiene, una vez más, la oportunidad de dar vuelta la página de su triste historia. Desde que el Presidente asumió está llevando adelante ese cambio con el esfuerzo y acompañamiento de la mayoría de los argentinos”,
Y continuó “Esta es una operación claramente orquestada por un sistema que destruyó a la Argentina por décadas y sostenido por un despiadado juicio mediático hacia mi persona, al que no me seguiré prestando”.
“A diferencia de los que, ante cada campaña electoral, utilizan las mismas armas, yo no tengo nada que ocultar y demostraré mi inocencia ante la Justicia, sin fueros ni privilegios”, siguió el integrante de LLA.
“El tiempo demostrará que todo esto fue una gran mentira para ensuciar este proceso electoral y así evitar discutir lo que los argentinos tenemos que hacer para cambiar el rumbo de nuestro país”. termina diciendo en el posteo de su cuenta de X
Cabe destacar que tanto el expresidente Mauricio Macri, como la ministra Patricia Bullrich y otros funcionarios y dirigentes libertarios exigían que se bajara la candidatura de Espert, sin embargo el presidente defendió y sostuvo su candidatura. Según trascendió, el cambio de posición de parte del presidente surgió cuando Santiago Caputo le hizo ver algunas encuestas.
Ahora encabezaría la lista Diego Santilli, pero para eso habría que reimprimir las boletas lo cual implicaría afrontar un costo de 14 mil millones de pesos, razón por la cual el peronismo analiza realizar una presentación judicial que evite que el gobierno reimprima las boletas o al menos que pague el costo político.
