por Fabián Retamar
El jueves el gobierno de Alberto Fernández anunció que el acuerdo con el FMI estaba cerrado y en el día de ayer fue ingresado al congreso con la esperanza que se apruebe antes del 22 de marzo, fecha que coincide con uno de los vencimientos de deuda.
Pero lograr que el parlamento apruebe este acuerdo con el FMI no será nada fácil. Muy a pesar de las palabras de los referentes de Fondo que aseguran que se trata de un acuerdo “creíble y realista” que incluye un programa financiero para desarmar el cepo cambiario en el mediano plazo, en el Frente de Todos hay disidencias, principalmente planteadas desde el sector de la Campora que rechaza el acuerdo. Otros referentes del frente oficialista que no pertenecen a La Cámpora, también se expresan en contra, como el director del Banco de la Nación Argentina, Claudio Lozano, que planteó que el acuerdo plantea un cogobierno con el FMI hasta 2034.
Es que a pesar de los anuncios del presidente Fernandez en la apertura de sesiones ordinarias de la legislatura, donde aseguró que no habrá reforma laboral ni jubilatoria, también anunció que las tarifas de luz y gas podrían (y así va a ser) aumentar por encima del 20%. Esta es una de las exigencia de Fondo que justamente rechaza el kircherismo.
En este sentido, para este año la población de mayor poder adquisitivo dejaría de recibir subsidios, el sector que cuenta con tarifa social tendría un aumento de un 21% y el resto tendría un incremento que alcanzaría el 42%. Y la pregunta de rigo es ¿Cómo van a impactar estos aumentos en la industria y el comercio? Por ahora es una incógnita.
Pero esto no es todo. En el frente opositor, Juntos por el Cambio, también se presentan disidencias, hay quienes plantean que si el kirchnerismo no aprueba el acuerdo ellos tampoco lo harán, y otros, que independientemente de lo que haga el sector de Máximo Kirchner, no quieren acompañar el acuerdo con el fondo.
Por si fuera poco, los espacios denominados “Libertarios” que encabezan José Luis Espert y Javier Milei tampoco acompañarían el acuerdo. Menos aún la izquierda. Aunque casi todos los analistas coinciden en que sería mejor acordar que caer en default, todo hace suponer que la negociación será sumamente compleja.
Con este “acuerdo crediticio de facilidades extendidas”, la Argentina -que comenzaría a hacer efectivos los pagos de 2026 a 2034- se compromete a reducir su déficit fiscal del 3% del PIB actual a 0,9% en 2024. Pero para muchos, ésta también es una meta imposible de lograr en un escenario que presenta a la economía Argentina muy debilitada. Por otra parte, el desafío de atraer inversiones, bajar la inflación y cumplir con los compromisos más allá de la renegociación de la deuda con el FMI parece encontrarse en un horizonte lejano.
Una última jugada de Alberto Fernández que intenta revertir la posición de algunos legisladores kirchneristas y otros de Juntos por el Cambio, fue la incorporación en el proyecto, de un artículo mediante el cual se separa la refinanciación de los compromisos económicos, cuestión objetada por la oposición y un sector del oficialismo.
Ahora todo queda en manos del congreso de la nación que el próximo lunes comenzará a debatir el tema en la Comisión de Presupuesto de Diputados. La intención -aunque habrá que ver si es factible- es que el tema se trate en el recinto el jueves 10 de marzo.
