por Fabián Retamar
Todo indicaba que la reunión extraordinaria del Concejo Municipal de Granadero Baigorria , realizada el último viernes 27 de enero, traería la tan buscada solución al conflicto desatado con los vecinos a causa de los siderales montos recibidos en la Tasa General de Inmuebles (TGI) ya sea para el pago anual como para el pago mensual. No fue así.
De los dos proyectos presentados, uno en forma conjunta por los ediles Javier Minetti y Graciela Bordón, y otro presentado por Mauro Ferrero Datri se consensuó un proyecto único que incorporaba algunos puntos señalados por los vecinos en una nota presentada oportunamente.
Vale recordar que un proyecto de la concejal Antonella García no pudo ser ingresado para debatir, dado que -según afirman- fue presentado fuera de término. El proyecto consensuado fue aprobado por todos los concejales excepto Antonella García que consideró, acertadamente, que dicho proyecto no cumple con las expectativas de los vecinos ya que sólo consigue prorrogar el vencimiento de los pagos mensuales y hacer en dos veces el anual sin modificar los montos que llegaron a los contribuyentes.
El concejo no omitió hablar de “responsabilidad” para no desfinanciar al estado municipal… Pero muchos se preguntaban ¿Desde cuando el vecino debe financiar a la Municipalidad…? Aquí hablamos de una tasa por retribución de servicios y no de las erogaciones por las cuales al municipio pudiera faltarle dinero. Lo único que deben financiar “todos” los contribuyentes es la inversión que se realiza en los servicios que se invierten en la TGI.
Tras la aprobación de esta ordenanza, que por lo visto no resuelve el conflicto, los vecinos autoconvocados, reunidos en Asamblea y en disconformidad con lo aprobado, resolvieron volver a reunirse frente a la municipalidad el próximo jueves 2 de febrero, a las 19 horas.
Además, se barajaron otras propuestas realizadas, como la de una rebelión fiscal que plantea no pagar por el término cuatro meses. Otra propuesta que sigue manteniendo un grupo de vecinos, insiste en la posibilidad de judicializar el tema, dado que -según afirman- destaparía una olla que haría temblar al poder político local.
