Aunque el oficialismo consiguió demorar la discusión por una semana en el Senado, no pudo evitar que los bloques dialoguistas respalden la interpelación del Jefe de Gabinete Manuel Adorni. De esta forma, la sesión para tratar la interpelación al funcionario se traslada al 2 de julio, dándole al Gobierno quince días para definir si mantiene a Adorni o lo separa de su cargo. Sin embargo, más allá de esta situación, el Jefe de Gabinete enfrenta un problema aún mayor a nivel judicial; ya que el fiscal federal Gerardo Pollicita ordenó profundizar la investigación sobre la evolución del patrimonio de Adorni y su esposa para determinar si sus ingresos coinciden con el crecimiento de sus bienes y el nivel de gastos de la familia.
Pollicita pidió información sobre propiedades, obras, contratistas y posibles vínculos laborales que hasta ahora no habían sido aclarados. Pero además, puso la mira en una factura de 8.183.303 pesos por la compra de ropa blanca en el local Rosen The Store.
Dicha factura -que fue encontrada por la fiscalía en el celular del contratista Matías Tabar- es de junio de 2025 y está a nombre de Gisela Kocsis, una mujer que trabaja en la cartera de Medios y Comunicación designada por el propio Adorni y que es señalada en la investigación como una presunta testaferro del funcionario.
Además Pollicita se enfocó en una propiedad ubicada en el country Indio Cuá y pidió identificar a todos los proveedores, contratistas y empresas que ingresaron al lugar entre noviembre de 2024 y agosto de 2025 para determinar cuánto dinero se destinó a reformas, materiales y amoblamiento. El avance de las causas judiciales también salpican a la esposa de Adorni -Bettina Angeletti-, quien recibió 55 millones de pesos por parte de una empresa que compite por el manejo de Tecnópolis.
Por todo esto, el fiscal Gerardo Pollicita, solicitó un pormenorizado informe a la Comisión Nacional de Valores (CNV). El fiscal busca desentrañar el entramado financiero de Adorni y sus movimientos de capitales en el mercado informal. El requerimiento de Pollicita exige el detalle de todas las plataformas, exchanges, intermediarios o billeteras virtuales que operaban en el país desde el año 2012.
La fecha no está elegida al azar, es porque corresponde al año anterior a la incursión formal de Adorni en la compra de criptomonedas. Pollicita intenta verificar con precisión qué entidades manejaban ese mercado en aquellos tiempos en los que Adorni asegura haber invertido 200.000 dólares en Bitcoin.
Mientras la investigación continúa su marcha, la presión política crece -desde adentro y desde afuera- y el gobierno evalúa de qué manera salir menos desgastado de esta situación. El Senado debatirá el 2 de julio una posible interpelación y una eventual moción de censura para que el jefe de Gabinete cese en su cargo. Una posibilidad que analiza el Gobierno es que Adorni vaya a una Embajada o Consulado para evitar su paso por el Senado.
Algunos medios aseguran que esta decisión parece estar definida y anticipan que el funcionario no continuará en la conducción de la Jefatura de Gabinete.
