Por la causa que investiga la justicia dada una denuncia del Ministerio de Seguridad, en el día de ayer lunes 13 de mayo se realizaron 27 allanamientos a diferentes sedes de organizaciones sociales. Apuntan a dirigentes del Polo Obrero, el Movimiento Barrios de Pie y el Frente de Organizaciones en Lucha
Luego de recibir varias denuncias a través de la Línea 134 que habilitó el Ministerio de Seguridad de la Nación para denunciar anonimamente amenazas a beneficiarios de planes sociales por parte de dirigentes piqueteros; la Justicia Federal ordenó varios allanamientos en la provincia de Buenos Aires.
Fueron 27 los allanamientos realizados en el marco de la causa que investiga extorsión y coacción a beneficiarios de planes sociales. La investigación surge por pedido del fiscal federal Gerardo Pollicita y la Cámara Criminal y Correccional Federal fue la que ordenó los 27 allanamientos y que los involucrados presten declaración indagatoria.
Según el informe surgido de la investigación, los acusados “habrían exigido coactivamente a los beneficiarios de planes sociales su participación en marchas y manifestaciones públicas y/o la entrega de una porción del dinero, bajo la advertencia expresa en algunos casos de ‘dar de baja el plan’, conformando un total de 924 casos”.
También se desprende de la investigación, que los imputados utilizaban los fondos obtenidos de las extorsiones a través de “cooperativas”, pero no se alcanza a determinar cual fue el destino final de dicho dinero. Esto motivó el pedido de la justicia para levantar el secreto fiscal y bancario de las personas requeridas y tener así una mejor visión de sus patrimonios, y determinar si obtuvieron un rédito económico a través de la maniobra ilícita.
En los operativos se secuestraron dispositivos electrónicos, planillas, cuadernos de asistencia o de registro de pagos y documentación vinculada a planes sociales y otras documentaciones pertinentes que sirven como elementos probatorios.
Los denunciantes al 134, además de ratificar su denuncia en la sede de fiscalía; aportaron los chat y mensajes de celular que prueban la extorsión para concurrir a las marchas. También quedó establecido que los recursos para comedores se desviaban hacia gente que asistía a las movilizaciones.
