Miguel Etchecolatz debía ser indagado por el Tribunal Federal Oral 1 de La Plata, que lo juzga por delitos cometidos durante la última dictadura cívico militar contra casi 500 víctimas alojadas en tres centros clandestinos de detención, pero el represor se negó a declarar.
Según el acusado, corresponde que sea sometido a proceso por un tribunal militar. Además aseguró: “Yo no maté, yo batí en combate, que es distinto”.
El tribunal Federal juzga, por videoconferencia, a Etchecolatz y a otros 17 policías, militares y un civil, por los hechos aberrantes cometidos en los centros clandestinos conocidos como Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes y El Infierno.
De los 16, 14 gozan de arresto domiciliario y Etchecolatz y Jorge Di Pasquale están presos en el penal de Campo de Mayo. Sentado en una silla de ruedas, Etchecolatz tras negarse a la indagatoria sentenció: “Me iré de este mundo, ya me queda poco por vivir, sabiendo que nadie me puede señalar que me quedé con algo, sin embargo otros que vaciaron los tesoros de la Nación están en libertad, con derechos, y nos siguen gobernando”.
A fines de setiembre pasado el Tribunal Oral Federal 6 le concedió el beneficio de la prisión domiciliaria. Sin embargo el beneficio no se hizo efectivo porque los tribunales de La Plata y Lomas de Zamora rechazaron los pedidos.
Esto significa que el ex represor -más allá de que declare o no declare, y más allá de lo que diga- deberá cumplir su condena en el penal, teniendo, por supuesto, todas las garantías constitucionales que no tuvieron los detenidos en los centros clandestinos.
