El actual legislador provincial se presentó este miércoles como testigo en el proceso que se lleva adelante contra el capo narco sindicado como jefe de una compleja organización para dar su testimonio de un atentado a una oficina del MPA y la detención del acusado cuando era ministro de Seguridad.
El ex ministro de Seguridad y actual diputado provincial Maximiliano Pullaro se presentó este miércoles a media mañana en el Centro de Justicia Penal para declarar como testigo en la sexta jornada del juicio oral a Esteban Alvarado. Pero no fue solo. Lo acompañaron la legisladora Clara García, su par Gabriel Chumpitaz y el ex ministro de Justicia, Ricardo Silberstein. Si bien el objetivo era declarar sobre algunas de las balaceras a edificios públicos, que se cometieron cuando era el titular de la cartera de Seguridad del entonces gobernado Miguel Lifschitz, por las que fueron señalados miembros de la banda de Los Monos y en realidad eran ideadas por Alvarado, en medio de su testimonio recordó ante la Justicia el allanamiento en la isla a una casa de la ex jueza y actual vicegobernadora Alejandra Rodenas y también una causa judicial que instruía la funcionaria.
Tras brindar su testimonio, el ex funcionario socialista y actual integrante de la UCR Evolución dijo en conferencia de prensa: “Vine al Centro de Justicia Penal un día que hubo una balacera sobre la sede del Ministerio Público de la Acusación de calle Montevideo, se me acerca un policía que estaba trabajando en ese momento con los fiscales, que luego fue condenado, fue una de las personas que filtraba información, y se armó todo esto para que parezca que eran Los Monos y era Alvarado”. Y señaló que ocurrió “un hecho significativo que fue el allanamiento en la isla donde se fue a buscar a Alvarado. Por algún motivo se entera quien era propietario o inquilino de esa casa. Y llega la doctora Rodenas, que era diputada nacional, con su marido (Jorge Llonch). Esto me lo dice un policía que está condenado en esta causa (por Pablo Báncora, el ex Organismo de Investigaciones) en el Centro de Justicia Penal cuando vine después de la balacera a la sede de la Fiscalía de calle Montevideo. Él estuvo en el operativo como miembro de la Fiscalía”. Vale aclarar que tanto Rodenas como Llonch no forman parte de la investigación y que Pablo Báncora era un policía condenado por trabajar para Alvarado y participar en el ataque contra la casa de la funcionaria del MPA Marina Marsili, un hecho que el propio Alvarado reconoció en el juicio y dijo que fue “un error”.
Ese policía es quien le cuenta a Pullaro que en el allanamiento que hubo en la isla cuando se estaba persiguiendo a Esteban Lindor Alvarado, para ser detenido. “En ese momento me cuenta que llega la actual vicegobernadora y entonces diputada nacional con su marido y un abogado que días antes había estado averiguando también por la causa de Alvarado a ese allanamiento que llevo adelante Prefectura en la isla. Qué sucede, había cosas que nos llamaban mucho y poderosamente la atención, eso, el haberse cerrado la causa cuando el fiscal de San Isidro Patricio Ferrari envía información con las escuchas telefónicas del vínculo que había con funcionarios policiales”.
“Para nosotros la detención de Alvarado no era una más. Habían sucedido cosas que nos llamaban la atención. Primero, el envío de información desde la provincia de Buenos Aires –de la Justicia de San Isidro que condenó a Alvarado por robo de autos– que llegó a un juzgado provincial y no avanzó. Entiendo que al juzgado de Alejandra Rodenas”, comenzó el ex ministro de Seguridad al ser interrogado por los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra sobre qué conocía sobre Esteban Alvarado, principal objeto del juicio por dos homicidios, asociación ilícita, lavado y balaceras. En realidad la causa comenzó a ser investigada por el juez Alejandro Negroni y como se trataba del sistema conclusional (donde se investigaban las causas que estaban en el viejo sistema penal), finalmente cayó en Rodenas que fue una de las últimas magistradas en quedar en ese sistema.
El legislador también se refirió a las declaraciones del imputado arrepentido y luego asesinado Carlos Argüelles sobre un supuesto plan para secuestrar uno de sus hijos, Pullaro descartó toda connotación personal al afirmar: “todo lo que hicimos fue en representación de la legalidad del Estado” y consideró que: “por eso logramos que cayeran no sólo las primeras y segundas líneas de Los Monos, sino también la única banda que le disputaba poder y territorio, porque Alvarado construyó y lideraba la mayor organización criminal de la provincia de Santa Fe.”
Pullaro explicó en un comunicado que en la audiencia recordó el operativo de la detención de Alvarado de febrero de 2019 en la provincia de Córdoba. “El operativo fue complejo porque había que llegar a la zona de Río Tercero sin hacer ruido ni que se filtrara información”, contó Pullaro en referencia a las medidas llevadas a cabo por el personal de la entonces Policía de Investigaciones (PDI) y de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) que estaban a su cargo.
“Después hubo que viajar a Estados Unidos para desencriptar el celular que rescatamos del fondo del lago, donde lo había tirado el propio Alvarado” dijo y agregó que “esto fue lo que permitió avanzar en la causa con todo lo que ahora se sabe de su organización.”
El juicio continuará este jueves con otros testigos citados por la parte acusadora y se estima que se extenderá hasta por lo menos la primera semana de abril próximo. El debate comenzó el 21 de febrero último y en la jornada de apertura los fiscales Schiappa Pietra y Edery adelantaron que pedirán la pena de prisión perpetua para Alvarado y otros tres miembros de la banda que afrontan el juicio en forma virtual desde sus lugares de detención en cárceles federales. Mientras que para los otros tres acusados pedirán penas que van de 8 a 15 años de prisión.
La banda y su cabecilla llegaron al juicio que se sustancia en la sede del Centro de Justicia Penal de Rosario como acusados de dos secuestros seguidos de muerte, cinco casos de lavado de activos, varios atentados contra edificios públicos y a la casa de una empleada del Ministerio Público Fiscal (MPF).
Fuente: elciudadanoweb.com
