Hoy se realiza una nueva Marcha Federal Universitaria en todo el país, para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y una recomposición salarial para docentes y no docentes. La protesta tendrá su epicentro en la Ciudad de Buenos Aires, pero habrá réplicas en distintos puntos del país.
La situación presupuestaria de las universidades es “crítica”, advierten las autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), y aseguran que las transferencias destinadas a las universidades nacionales acumulan una caída real del 45,6 por ciento entre 2023 y 2026.
Esta es la cuarta Marcha Federal Universitaria que se realiza y movilizará a estudiantes, docentes, egresados, rectores, investigadores, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil, que reclaman el financiamiento educativo. Además la protesta apunta contra la campaña de desprestigio del sistema universitario por parte del gobierno nacional, que acusa a las Universidades de adoctrinamiento y falta de transparencia en el uso de los fondos.
La convocatoria, impulsada la UBA; el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN); el Frente Sindical de las Universidades Nacionales; y la Federación Universitaria Argentina; incluye -entre las propuestas- no exhibir consignas partidarias sino solo banderas argentinas. En las redes sociales también circuló la propuesta de que cada persona lleve un libro.
Se espera una multitud movilizada en todo el país, con la participación de estudiantes, docentes, organizaciones estudiantiles, gremios docentes y sectores vinculados a la ciencia. Además, en CABA, Kicillof, La Cámpora, la CGT y sectores de radicalismo y otros partidos políticos anunciaron que se sumarán a la marcha.
Este conflicto entre las universidades públicas argentinas y el gobierno de Javier Milei -que genera grandes tensiones- arrancó a principios de 2024, cuando el Poder Ejecutivo prorrogó el presupuesto universitario de 2023 en un contexto de altísima inflación. Esto generó una “asfixia financiera” al no actualizar los fondos para gastos de funcionamiento y salarios.
Luego, el 13 de septiembre de 2024 el Congreso sancionó la Ley de Financiamiento Universitario, que buscaba recomponer los salarios a niveles de 2023. La ley se aprobó por una mayoría muy amplia en ambas Cámaras. Pero el 2 de octubre, el presidente Milei confirmó el veto total a la ley, calificándola de “irresponsable”.
El 9 de octubre se trató el veto en la Cámara de Diputados, pero no se consiguieron los dos tercios requeridos para dejarlo si efecto.
En este contexto; en octubre de 2025, las Universidades iniciaron una demanda judicial contra el Estado para que se aplique la Ley de Financiamiento Universitario. A partir de allí, la justicia ha tenido fallos contradictorios: una cámara ratificó la ley, pero posteriormente otra instancia suspendió de forma provisoria la cautelar que obligaba al Gobierno a girar los fondos.
Ahora, la Cámara Contencioso Administrativo Federal otorgó el pasado 7 de mayo un guiño clave al Gobierno en el marco del conflicto por el financiamiento universitario. La Sala III habilitó el traslado del expediente directamente a la Corte Suprema y permitió que el máximo tribunal tome cartas en el asunto sobre la validez y ejecución de la ley que la Casa Rosada busca frenar.
No obstante el Gobierno anunció que tras la Marcha convocará a una mesa de diálogo con los rectores para rediseñar el esquema de distribución de fondos, con foco en los hospitales universitarios.
