por Fabián Retamar
Javier Olivera Ravasi es cura párroco y es hijo del genocida Jorge “el carnicero” Olivera, un mayor del ejército condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad. Y casualmente, el padre del cura Ravasi fue compañero del padre de la vicepresidente Victoria Villarruel en la época en que eran cadetes en el Colegio Militar.
El represor fue procesado en 1987 por el asesinato de Francisco Segundo Alcaraz, pero resultó beneficiado de las leyes de Punto Final, Obediencia Debida, y de los indultos dictados por Carlos Menem. Sin embargo, en 2007, un juez federal de San Juan ordenó su detención por crímenes de lesa humanidad. Fue condenado el 4 de julio de 2013 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal sanjuanino a prisión perpetua por más de 50 crímenes cometidos durante la dictadura militar.
Su hijo, el cura Javier Olivera Ravasi, sostiene que su padre “está detenido por haber luchado en la década del ‘70 y hace 15 años que está preso. Es algo público y yo lo he visitado en la cárcel. Para mí es una cruz familiar”, y comenzó a organizar, desde hace varios meses, un proyecto para liberar a su padre y a otros detenidos por crímenes de lesa humanidad como Alfredo Astiz, Adolfo Donda, Antonio Pernías y Raúl Guglielminetti.
Hace poco tiempo, se supo que el borrador de ese proyecto fue enviado al grupo de whatsapp denominado “Proyectos decret” en el que participaban diputados libertarios, abogados defensores de represores y exjueces. Luego vendría la visita a los genocidas en el penal de ezeiza organizada por el diputado libertario Beltrán Benedit y de la cual participaron otros legisladores de La Libertad Avanza.
Entre varias idas y vuetas, y muchos dimes y diretes, el bloque de diputados libertarios entró en una crisis real y profunda. Y a tal punto es así, que la diputada Lourdes Arrieta (LLA) -aduciendo que fue «engañada» por sus pares- denunció penalmente a los diputados Beltrán Benedit y Guillermo Montenegro, al director general de la Secretaría Privada de la Presidencia de la Cámara de Diputados Sharif Menem, al titular del Servicio Penitenciario Federal (SPF) Fernando Martínez y al sacerdote católico Javier Olivera Ravasi.
Luego, el pasado jueves 8 de agosto, Arrieta ratificó esa denuncia penal en los tribunales federales de Lomas de Zamora. La legisladora incluyó esta vez, los chats que intercambió en el mencionado grupo de Whatsapp y de cuyos mensajes se desprende el plan pergeñado para sacar de la cárcel a los represores condenados por crímenes de lesa humanidad.
De esos mensajes en el grupo de whatsapp entregados a la Justicia también surge cómo se organizó la visita de los diputados libertarios al penal de Ezeiza del pasado 11 de julio sin ningún inconveniente ni restricción por parte del Servicio Penitenciario Federal que ni siquiera los revisó al entrar y les permitió ingresar con sus teléfonos celulares, algo que está terminantemente prohibido.
El escándalo parece no tener freno y ya escaló hasta un punto en el que comienza a ser una preocupación para el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem y para la vicepresidente Victoria Villarruel. En medio de una situación económica delicada, donde los ajustes no cesan, donde se producen despidos y crecen la pobreza y la indigencia; el escándalo de la visita a los genocidas detenidos en Ezeiza, produjo una crisis inesperada en el partido libertario, una crisis que habrá que ver cuando y cómo termina.
