por Fabián Retamar
La marcha de los universitarios de ayer miércoles 2 de octubre fue contundente. Cientos de miles de estudiantes, docentes, no docentes, rectores, decanos, gremialistas, referentes de diferentes espacios políticos, y ciudadanos en general, colmaron las calles de varios puntos del país como Capital Federal, Rosario, Córdoba, Bahía Blanca, San Miguel de Tucumán y Mendoza entre muchos otros.
Sin embargo, a pesar del fuerte reclamo expresado en las calles por obtener mayor financiamiento para las universidades públicas, el presidente Milei, oficializó el veto a la ley sancionada por el Congreso el pasado 13 de septiembre que obligaba a ajustar las partidas presupuestarias destinadas a salarios de docentes y no docentes, así como a cubrir gastos de funcionamiento, proyectos especiales y programas de Ciencia y Tecnología.
Pero el presidente, fiel a su estilo, fue más allá y criticó la marcha universitaria a través de su cuenta de Instagram, con una placa con la firma de “Indignado” que decía: “La Universidad Pública no está en peligro, lo que peligra es el botín que se reparten”.
Tampoco faltaron por parte de Milei, las teorías conspirativas, al asegurar que su plan económico busca ser destruido por un “frente de izquierda populista” integrado por Cristina Kirchner, Sergio Massa, Elisa Carrió, Martín Lousteau y Horacio Rodríguez Larreta.
Por su parte, la vicepresidente Victoria Villarruel posteó en su cuenta de X “Todo lo que se financia con los impuestos, tasas y contribuciones del pueblo argentino trabajador puede y debe ser auditado para recibir fondos del Estado. Debemos cuidar lo que es de todos y dejar de proteger los negocios de los gerentes de los agujeros negros fiscales. Siempre mi apoyo a la universidad pública y de calidad, pero sin los parásitos que hacen negocios con ella”.
Villarruel aprovechó una denuncia del ministro de Justicia de la Nación Mariano Cúneo Libarona que asegura que durante la administración de Alberto Fernández, la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo recibió $1.500 millones de pesos de parte del gobierno y “solo un 0,62% de los alumnos se recibieron entre 2020 y 2023. Cada uno nos salió $100.000.000”.
Ahora, dada la confirmación del veto -igual que cuando se trató la ley de reforma previsional- todo vuelve a estar en manos del congreso de la nación. Habrá que debatir el veto y ver si queda firme o si es rechazado. Aparentemente esta vez, no habría “87 héroes”… o por lo menos no serían los mismos. Pero como uno nunca sabe, habrá que esperar para saber el resultado.
Lo que si trascendió, y podría ser un “plan B” de MIlei, es que si el veto al aumento del financiamiento universitario no queda firme, el gobierno podría intentar implementar un arancelamiento. Esto ya se intentó, sin éxito, en los 90 cuando el país era gobernado por el justicialista Carlos Saúl Ménem.
También se supo de una propuesta del secretario de Educación, Carlos Torrendell, que plantea poner un cupo máximo de estudiantes, dando acceso a quienes logren pasar un examen de finalización del secundario que, obviamente, se convertiría en un filtro para determinar quién puede continuar sus estudios universitarios.
El Gobierno considera que este proyecto de aumento del financiamiento educativo provocaría un aumento del gasto público porque no contempla una partida presupuestaria especifica de la cual sacar los fondos y de esta forma atentaría contra el equilibrio fiscal.
Pero dadas las circunstancias, daría la impresión de que la discusión ya no pasa únicamente por la cuestión económica y ya entran a jugar cuestiones ideológicas. Si esto es así, lo más probable es que el pato de la boda y quién pague los platos rotos, sea el alumnado.
