por Fabián Retamar
El juez federal de Dolores, Martín Bava, resolvió el procesamiento del ex presidente Mauricio Macri por el espionaje ilegal a los familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan. Además, el juez le impuso un embargo de 100 millones de pesos y -tras su regreso de Chile- le prohíbe salir del país.
La acusación que pesa sobre el ex presidente es la de conocer y permitir por parte de Agencia de Federal de Inteligencia (AFI), el seguimiento y ciberpatrullaje a los familiares de los submarinistas fallecidos en el hundimiento del ARA San Juan.
El juez de la causa asegura que Macri “Desde su cargo de Presidente de la República Argentina, no pudo ser ajeno a los hechos que se le imputan” y que “Lejos de ello, la propia de inteligencia pone al imputado en rol de establecer los lineamientos generales y la conducción política de todo el sistema de inteligencia, mediante el cual se desarrollaron las acciones ilegales investigadas en autos, en particular, el espionaje de los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan”.
El juez Bava ya había procesado por esta causa al ex titular de la AFI, Gustavo Arribas, y a quien lo secundaba, Silvia Majdalani. Lo mismo hizo con Diego Dalmau Pereyra y Martín Coste, jefes del área de Contrainteligencia del organismo.
Pablo Lanusse, abogado del ex presidente, sabía que el juez procesaría a su defendido, y logró demorar la indagatoria para que el procesamiento no salga antes de las elecciones. Algunos sostienen que la estrategia de la defensa es sacar esta causa del juzgado de Dolores y llevarla a Comodoro Py, donde el ex presidente podría encontrar un escenario más favorable.
