por Fabián Retamar
La provincia de Santa viene atravesando -además de la pandemia- varias tormentas políticas que parecen no tener fin. Hace algunas semanas se sancionaron en la legislatura provincial dos leyes que apuntaban directamente al Ministro de Seguridad Marcelo Sain. Una sobre el control a los gastos reservados de la cartera de Seguridad, y la otra sobre incompatibilidades de cargos entre el Ministerio Público de la Acusación (MPA) al que Sain no renunció; y el cargo ejecutivo que desempeña actualmente como ministro.
Uno de los impulsores de esos proyectos era el senador oficialista Armando Traferri, que obligó al gobernador a tomar la decisión de vetar ambas leyes en un claro gesto de apoyo al Ministro de Seguridad. En medio de todo esto, y cual si fuera casualidad, el ex fiscal Ponce Asahad, imputado en la causa de protección al juego clandestino, reconoció haber cobrado coimas y acusó al senador Traferri como organizador de esa estructura ilícita en la provincia.
Esto fue motivo suficiente para que los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery citaran al legislador, que en la jornada de ayer se presentó voluntariamente a declarar en referencia a los dichos del ex fiscal.
Durante la audiencia, que duró una hora y media aproximadamente, los fiscales notificaron al legislador sobre sus derechos e informaron sobre su situación. Traferri, por su parte, hizo saber a través de su abogado que no renunciará a sus fueros, lo cual obliga a los fiscales, que consideraron “inconsistentes” las declaraciones con las “abundantes pruebas” de la causa, a cursar el pedido de desafuero de Traferri a la Legislatura provincial.
El desafuero es una condición necesaria para que los fiscales procedan a la imputación del senador, pero para aprobarlo se necesita una mayoría especial de dos tercios. Si el Senado no desaforara a Traferri, los fiscales -aseguraron- que “seguirán con la investigación porque tienen la evidencia, no la pueden esconder, y se sienten respaldados en su tarea”.
En tal sentido, la Comisión de Información y Seguimiento de la causa emitió un comunicado en el que manifiestan su preocupación por los hechos de gravedad institucional y brindan su apoyo al trabajo de los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery.
“Es un momento que exige responsabilidad de parte de todos quienes integramos poderes del Estado, para no generar interferencias en la tarea de los fiscales. Al mismo tiempo, impulsamos la necesidad de la transparencia en todos los procedimientos como presupuesto básico de una mejor democracia” expresa el documento firmado por Joaquín Blanco, Carlos Del Frade, Agustina Donnet, Maximiliano Pullaro, Matilde Bruera, Mónica Peralta, Juan Cruz Cándido, Lionela Cattalini, Ximena Sola y Gabriel Real.
