Se habilitó el concurso preventivo de Garbarino

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Garbarino, la cadena de productos electrónicos y electrodomésticos más grande del país, había sido vendida por su fundadores, los hermanos Daniel y Omar Garbarino a mediados de 2020 al empresario Carlos Rosales, dueño del grupo asegurador Prof, y ex funcionario bonaerense durante la gobernación de Daniel Scioli.

Garbarino pidió la convocatoria de acreedores hace un mes. Finalmente, el pasado 22 de diciembre, Fernando D’Alessandro, titular del Juzgado Nacional en lo Comercial 7, habilitó el concurso preventivo. En su escrito, además, le prohibe a Carlos Rosales, la salida del país.

Rosales, contaba con la aprobación del Secretario General del Sindicato de Empleados de Comercio, Armando Cavalieri, a cuyo gremio, estába afiliado más del 90% de los 4000 trabajadores de Garbarino.

Cuando Rosales asumió la cadena contaba con más de 200 locales en todo el país y había promesas de inversiones que nunca llegaron. Para colmo de males sus proveedores se negaron a aceptar una quita del 70% promedio de los $ 7000 millones que Garbarino les adeudaba y condonaron un 35%. Las esperanzas de Rosales de encontrar un nuevo socio que aportara fondos se fueron diluyendo con el paso del tiempo y las negativas de varios empresarios. Facundo Prado, Supercanal Airlink, estuvo cerca, pero finalmente se truncó.

Para entonces, la situación era crítica. Los empleados llevaban meses sin cobrar sus sueldos; los locales cerraban sin aviso. Los dueños de los locales del interior del país que alquilaba Garbarino retuvieron mercadería como forma de pago. Lo mismo hicieron los empleados de algunas sucursales. Para entonces, cerca de 1000 empleados ya habían optado por renunciar. En noviembre, todos los locales de Garbarino ya habían cerrado, y la empresa envió 1800 telegramas de despido.

La cadena reconoce hoy una deuda cercana a los $ 800 millones en sueldos y más de $ 1500 millones en cargas sociales. Pero esto no es lo único que adeuda la empresa. Además hay un importante pasivo – unos 11.500 millones de pesos- con acreedores financieros y comerciales, tanto suyos como de sus empresas vinculadas. Además acumula cerca de $ 5000 millones de deudas fiscales y previsionales.

Ahora, tras el pedido realizado a mediados de noviembre y la habilitación del concurso preventivo otorgada por el juez D’Alessandro el pasado 22 de diciembre, los acreedores deberán verificar sus créditos, el plazo para hacerlo es hasta el 29 de abril de 2022.


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