Iniciativas Ambientales II. Protección de la fauna Silvestre

Iniciativas Ambientales II. Protección de la fauna Silvestre

Compartí esta nota

Tal como adelantáramos ayer, la reconocida ambientalista de la ciudad y fundadora de la ONG “Baigorria Verde”, Gabriela Venturi, tuvo un encuentro con el candidato a intendente de Unidos para cambiar Santa Fe de Granadero Baigorria -Victor Bocco-, y puso a consideración dos propuestas ambientales para ser incluidas -total o parcialmente- en la plataforma de gobierno de ese espacio político. La primera de las propuestas (publicada en el día de ayer), trataba sobre la “Protección y mejoramiento del arbolado público” y la que traemos ahora es referida a la Protección de la Fauna silvestre”. Transcribimos el texto de Gabriela Venturi, digitalizado y enviado a nuestro portal y al candidato de Unidos para cambiar Santa Fe Victor Bocco

PROTECCIÓN DE FAUNA SILVESTRE EN EL ECOSISTEMA URBANO.
Descripción del problema:

La ciudad no es un entorno marginal para la biodiversidad: tanto los espacios periurbanos como los lugares muy urbanizados sirven de refugio a distintas especies de fauna silvestre. La biodiversidad urbana es un importante indicador de la calidad de vida. Un aumento de biodiversidad acrecienta la calidad del entorno, mejora la calidad de vida de los seres humanos, y proporciona oportunidades recreativas y de educación ambiental, ayudando a conectar a las personas con la naturaleza y la noción de un planeta vivo y de nuestros orígenes naturales.

Nuestra ciudad tiene el privilegio de contar con diversas especies de fauna silvestre, como aves, reptiles y algunos mamíferos. Entre estas especies, las aves, en particular las palomas, son objeto de persecución por parte de cazadores urbanos, que procuran abatirlas con armas rudimentarias como gomeras, aunque en ocasiones también se ha observado el uso de rifles. Este tipo de situaciones se repiten en todos los barrios de la ciudad, y en muchos casos, los “cazadores” son menores de edad que deambulan por el espacio público sin supervisión de adultos. También se capturan aves de otras especies para su cría o venta como aves de cautiverio, usando jaulas trampa o pegamentos para aves.

Las consecuencias negativas de estas prácticas, en particular cuando la finalidad es el abatimiento de los ejemplares, son múltiples: impactos sobre los animales (un importante porcentaje de ejemplares logran escapar después de la lesión, padeciendo sufrimientos prolongados o imposibilidad de ser liberados por incapacidades producto de las lesiones; mortandad de crías en los nidos por la desaparición de los padres; manipulación no humanitaria de los ejemplares capturados); impactos sobre el ambiente (disminución de la biodiversidad; pérdida de servicios ambientales de las aves, como dispersión de semillas; desequilibrios en las cadenas tróficas de la fauna urbana, entre otros); impactos sociales (conflictos entre vecinos y autoridades por la falta de intervención ante situaciones de cacería; conflictos entre vecinos y cazadores; demanda de intervención de proteccionistas para asistir a las aves heridas; gastos derivados de la intervención y asistencia a animales heridos que podrían utilizarse para otros fines; riesgo de lesiones para quienes manipulan las armas para cazar; riesgo de lesiones a terceros por proyectiles, tanto en la vía pública como en espacios abiertos de propiedad privada; riesgo de lesiones a otros animales; riesgo de
daños a la propiedad privada, como roturas de vidrios; exposición a situaciones que afectan la sensibilidad; relativización del valor de la vida en sus diversas formas; entre otros); impactos sobre la salud (riesgo de zoonosis por la manipulación, faena y consumo de animales potencialmente infectados).

Distintos municipios han promovido acciones de distinto alcance para intentar erradicar la caza de aves, entre ellos: Rosario: ordenanza de 2023 que prohíbe la fabricación y venta de cualquier elemento que sirva para atrapar aves, como gomeras, jaulas trampa o pegamentos, aunque no se penaliza el uso de estos instrumentos; Laguna Larga (Córdoba), ordenanza de 2014, prohíbe uso de gomeras y rifles de aire comprimido a menores de 18 años; San Jorge (Santa Fe, 2022), ordenanza que prohíbe el uso de gomeras y rifles e imponemultas para las infracciones, cuyo costo recae sobre los mayores responsables en caso de que el infractor sea un menor; Villa Constitución (Santa Fe), ordenanza de 2016 que prohíbe el uso de gomeras y rifles e impone multas. Normativas similares se repiten en todo el país.

En Granadero Baigorria, se presentó en 2021 un proyecto de ordenanza para prohibir la venta de gomeras y jaulas trampa en la ciudad, aunque no hay información disponible sobre su aprobación. Sin embargo, existe normativa vigente en el Código de Convivencia Ciudadana local (2020) que en su Art. 272 establece la prohibición de caza: “El que cazare en paseos, parques, plazas, ramblas, veredas y demás lugares librados al uso público, será sancionado con multa de 150 a 500 UF. Esta multa no admitirá pago voluntario”. A pesar de la normativa existente, cuando se produce un hecho los vecinos no tienen a quién recurrir excepto a las fuerzas policiales, generando una sobrecarga en sus tareas.

Por todo lo expuesto, proponemos:
1) Extender la prohibición de caza y captura de toda especie silvestre a todo el éjido urbano de Granadero Baigorria, incluido el territorio insular en Isla de los Mástiles.

2) Que se garanticen guardias de inspectores municipales las 24 horas, para que puedan verificar las infracciones a la prohibición de caza y labrar el acta en el momento.

3) Que los inspectores tengan potestad para secuestrar las armas y animales abatidos o heridos, y para obtener los datos de los mayores responsables en caso de que los infractores sean menores de edad.

4) Que, además de las citaciones al Juzgado de Faltas, se dé intervención a Bienestar Social o área correspondiente en caso de que la infracción se deba a inseguridad alimentaria, en cuyo caso la situación deberá ser abordada de manera integral con todos los dispositivos estatales disponibles.

5) Que se implemente un programa de concientización e información sobre la aplicación de la normativa en escuelas, centros comunitarios, vecinales, en todos los barrios, para lo cual se podrá convocar a organizaciones y grupos proteccionistas y ambientalistas para colaborar ad honorem en todas las actividades


Compartí esta nota

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *