por Fabián Retamar
A finales de enero, un motochorro que robó un celular fue detenido tras una larga persecución policial por el centro de la ciudad de Rosario. El delincuente, identificado como Facundo Agustín F., había sido liberado en virtud de no haberse encontrado a la víctima del robo ni el celular sustraído.
Sin embargo, la inmediata reacción social y el hecho de acceder a las imágenes del procedimiento donde claramente se ve el peligro que corren los policías, peatones y otros conductores de vehículos durante la persecución, hicieron que se ordene su recaptura.
Luego, tras un acuerdo entre el fiscal y la defensa, el delincuente fue imputado y quedó en prisión preventiva efectiva hasta el pasado 12 de febrero. Además, la Municipalidad de Rosario dispuso el secuestro de la moto, anular su licencia de conducir, y reclamar al motochorro -probablemente en vano- una cifra que rondaría el millón de pesos por las distintas infracciones de tránsito cometidas durante su escape de la policía.
Cuando llegó la fecha, el pasado 12 febrero, el juez de primera instancia resolvió convalidar el acuerdo entre fiscalía y defensa, de 2 años y 6 meses de prisión condicional e inhabilitación del carnet de conducir por un año. El motochorro, de 23 años, deberá pagar una multa de $ 4.788 antes de fin de mes, cumplir reglas de conducta, participar de un curso de educación vial y prestar 10 horas mensuales de trabajo comunitario en instituciones de bien público por el tiempo que dura la condena.
¿A esto se le llama “castigo ejemplar”? Después, algunos funcionarios se quejan porque la sociedad piensa, cree o se expresa con frases de tipo “Los chorros entran por una puerta y salen por la otra”, o “Las leyes están hechas para los delincuentes”… y por más que traten de explicarlo, lo den vuelta, lo pongan a derecho o al revés, parecería que la sociedad no se equivoca.
