por Fabián Retamar
Son productores de la ciudad de Crespo, en la provincia de Entre Ríos, los que alzaron la voz reclamando ante el gobernador Gustavo Bordet la posibilidad de vender leche fluida a un precio menor al del mercado.
Encabezados por el tambero Fabio Schneider y acompañados por varios legisladores de la provincia, piden una resolución transitoria que permita la venta a pie de tranquera para atenuar la profunda crisis social y de hambre que envuelve a esta región litoraleña de Argentina.
El proceso de comercialización de este modo había comenzado pero tuvo que interrumpirse de forma repentina, dado que varios segmentos de la cadena de comercialización tradicional salieron a manifestar su malestar dado que la venta a pie de tranquera está prohibida y representa una infracción al código alimentario ya que no se atiene a las normas de sanidad y seguridad que brindan los organismos de control y la industria.
Schneider planteó que “Les molestó que salgamos a vender el litro de leche a 45 pesos. Vieron la gran afluencia de gente de los pueblos cercanos que van a comprar a los tambos y dejan expuesta la miseria.”, y agregó que “enseguida salieron a prohibir la venta directa alegando que la operatividad está fuera del marco legal”.
La Mesa Gremial Lechera de Entre Ríos, organismo conformado por las cuatro entidades del sector agropecuario, elevó una nota a las autoridades del ministerio de la Producción para que se revierta el freno. Al mismo tiempo, el pedido se ha profundizado por la mayoría de tambos adheridos al Sistema de Gestión de la Lechería Argentina (Siglea), que en la provincia de Entre Ríos son casi la totalidad de los existentes y cumplen con todas las normativas de sanidad, así como también, el registro de libre de brucelosis y tuberculosis bovina.
“Saben que nuestra leche es apta para el consumo humano y con solo hervirla es suficiente. Sin embargo, este escollo legal nos está impidiendo vender más barato o a un 30 % menos que el valor que tiene la intermediación y la industria”.
Los productores de la región criticaron el código alimentario, y aseguran que resulta funcional a la industria, en detrimento de los productores y consumidores. Además plantearon que las exigencias de calidad que se imponen son cada vez mayores, pero por la misma retribución. “Nos piden 4 puntos de grasa, 3.80 de proteína, recuentos de células somáticas bajas, sanidad total y nada de todo esto se refleja en el pago. No existen laboratorios de referencia, ni una cámara arbitral para recurrir o discutir las diferencias”, afirmó Schneider y agregó “Su preocupación más reciente fue la firma de convenios por los precios cuidados o máximos, con el dinero de los productores y consumidores, sin un diálogo sincero o equilibrado a las soluciones”.
